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03/03/08 - COLON ENTRE RIOS

Las pruebas clave que Argentina y Uruguay presentaron ante La Haya

Algunos de los documentos que tanto Argentina como el Uruguay presentaron en sus respectivas defensas ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el marco del diferendo por las pasteras, están ahora al alcance de todos los lectores. Si bien las presentaciones son muy extensas y tornan imposible su completa divulgación, se extrajeron los pasajes más significativos vinculados al Estatuto del río Uruguay, por ser la cuestión de fondo que se está dirimiendo en el Alto Tribunal.

Los documentos, a los que tuvo acceso El Argentino, fueron presentados en las diferentes etapas del proceso que las vecinas naciones llevan adelante en La Haya.

 

Las pruebas uruguayas

Las observaciones del Uruguay están contenidas en el Volumen I presentado el 8 y 9 de junio de 2006, de acuerdo a las certificaciones que ofreció el embajador Carlos Alberto Gianelli.

Una de las pruebas aportadas es el Programa de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en áreas de Plantas de Celulosas que se articuló a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y que se conoció como PROCEL, aunque luego esa iniciativa quedó suspendida para siempre.

También se presentaron una serie de actas de la CARU en la que ambas delegaciones aceptaban reunirse con las empresas ENCE y Botnia como así también aceptaron las invitaciones para conocer a las plantas en sus países de origen.

El Uruguay presentó también el acta de la reunión plenaria ordinaria del 27 de enero de 2006. “Puesto a consideración el informe (N° 258 de la Subcomisión de Calidad de Aguas y Preservación de la Contaminación Ambiental), el embajador Roberto García Moritán señala que, como es de conocimiento público, se ha planteado una controversia entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay sobre la aplicación e interpretación del Estatuto del río Uruguay, suscitada por la autorización unilateral que brindó el Uruguay para la construcción de dos plantas industriales de producción de pasta de celulosa y sus instalaciones conexas”, precisó el texto.

Asimismo, la nación entregó una declaración jurada de la presidenta de la CARU, Martha Petrocelli, que precisó: “La planta CMB (ENCE) fue formalmente llevada a la atención de la CARU en la reunión plenaria del 8 de julio de 2002. Representantes de la planta vinieron a la CARU a brindar información sobre las mismas. (Acta CARU 6/04, página 1571)”.

Y continuó: “Durante los siguientes quince meses la CARU realizó varias peticiones para obtener mayor información sobre la planta de ENCE(…) El 10 de junio de 2003 la CARU acusó recibo del estudio de impacto ambiental de la planta por parte de las autoridades uruguayas” (Acta CARU 6/03, página 1083).

A esto agregó: “El 9 de octubre de 2003, las autoridades para la protección medioambiental del Uruguay emitieron la autorización ambiental previa para la instalación de la planta de ENCE. Esa misma semana, el presidente de la delegación argentina ante la CARU, y en ese momento Presidente en función, tomó conocimiento de la emisión de dicha autorización”. (Acta CARU 11/03, página 2184).

“El 10 de diciembre de 2003, la CARU aprobó la planificación del monitoreo y estudios de distintos parámetros en M´Bopicuá. El presidente de la CARU, Roberto García Moritán dijo que una vez que se tenga el material, que esperamos remita a la brevedad la DINAMA, como es habitual entre nosotros, se tendrán las reuniones técnicas pertinentes para hacer los análisis y evaluaciones correspondientes del proyecto, conforme al procedimiento dispuesto en el Artículo 7° del Estatuto del Río Uruguay”. (Acta CARU 10/03, páginas 1957-1958), acotó.

Mientras que indicó que “el 17 de octubre de 2003, una reunión Extraordinaria de la CARU fue convocada por su Presidente para discutir la planta de CMB. En esa reunión, el presidente García Moritán manifestó que, ya que el Uruguay había decidido autorizar la instalación de la planta antes de que la CARU la hubiese considerado completamente, la Comisión debía ahora seguir el camino establecido en el Capítulo XV del Estatuto del río Uruguay, que se titula solución judicial de controversias”. (Acta CARU 11/03, página 2185-2188).

“En adelante, hasta mayo de 2004, ninguna reunión de la CARU fue celebrada porque no existió consenso para definir el temario”, prosiguió. Para luego apuntar: “Durante ese intervalo, el 2 de marzo de 2004, los ministros de Relaciones Exteriores de los dos Estados (Didier Operti del Uruguay y Rafael Bielsa de la Argentina) alcanzaron un acuerdo referente a la planta CMB. Conforme el acuerdo de los Ministros de Relaciones Exteriores, la planta CMB sería construida conforme a lo planificado y el Uruguay proporcionaría a la Argentina toda la información pertinente referida a esa construcción”. (Acta CARU 01/04 Página 33-37).

Y aclaró: “Durante la sesión extraordinaria de la Comisión celebrada el 15 de mayo de 2004, fue formalmente reconocido y anotado en el Acta que los Ministros de Relaciones Exteriores alcanzaron un acuerdo permitiendo la construcción y operación de la planta CMB, siempre y cuando el Uruguay proporcionara la información pertinente a la Argentina durante la fase de construcción y que la CARU estableciera programas de monitoreos para asegurar que la operación de la planta fuera consistente con los estándares para la calidad de agua establecidos conforme al Estatuto del Río Uruguay”. (Acta CARU 01/04, página 34).

Con respecto al riesgo de daño ambiental derivado de la construcción y operación de la planta, indicó: “El delegado argentino ante la Comisión, Armando Darío Garín, señaló lo siguiente: Debe resaltarse, con total y absoluto énfasis, que de los distintos informes técnicos no surge que la actividad en cuestión genere un perjuicio irreversible e inevitable al medio ambiente, al menos de la magnitud que lleve a aconsejar la suspensión de la planta o la oposición a su construcción” (Acta CARU 01/04, páginas 19 y 20).
Luego de reseñar una serie de reuniones en la CARU con respecto también a la pastera de Botnia, Petrocelli ratificó los dicho de García Moritán y los calificó de “conocimiento público”.
 


La presentación Argentina

Las pruebas que aportó Argentina son varias y extensas. Interesa reparar en la N° 144/2005 que demuestra la nota que le remitió el vicecanciller Roberto García Moritán al embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo y que está fechada el 14 de diciembre de 2005.

En el documento se refirió a las autorizaciones que brindó Uruguay a ENCE y Botnia “a los fines de construir y operar dos plantas industriales de producción de celulosa sobre la margen izquierda del río Uruguay, así como a la autorización que brindó ese gobierno a la empresa Botnia a los fines de construir y operar una terminal portuaria destinada al uso exclusivo de la planta industrial a cargo de esa misma empresa”.

Y manifestó: “El gobierno de la República Argentina protesta formalmente contra estas acciones unilaterales uruguayas, que vulneran las obligaciones asumidas por la República Oriental del Uruguay en virtud del derecho internacional general y del Estatuto del río Uruguay de 1975”.

“En particular, dichas acciones no cumplen con: a) la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay no perjudiquen al medio ambiente de la República Argentina; y b) la obligación de informar y consultar previamente con la República Argentina sobre toda obra que pueda afectar la navegación, la calidad de las aguas o el régimen del Río Uruguay conformidad con lo previsto en los artículos 7° a 12° del citado Estatuto”, añadió.

Luego de lamentar que se haya autorizado a las plantas sin concluir los estudios transfronterizos, el ahora vicecanciller marcó: “En consecuencia, el gobierno de la República Argentina notifica por la presente nota al gobierno uruguayo que está planteada una controversia acerca de la aplicación e interpretación del Estatuto del río Uruguay.

También se presenta a manera de reseña, el testimonio que el 14 de febrero de 2006 canciller Jorge Taiana ofreció a los representantes del Congreso Nacional para contextualizar la controversia.

En su discurso, sostuvo: “Al autorizar la construcción de las plantas industriales e instalaciones conexas, la República Oriental del Uruguay violó un tratado bilateral con la Argentina, vigente desde 1975, que tiene por objetivo principal asegurar la calidad de las aguas de un río compartido por ambos países, el río Uruguay. Violó asimismo preceptos básicos del derecho internacional ambiental, poniendo en riesgo el bienestar y la salud de las comunidades adyacentes a este río compartido”.

Y puntualizó luego: “Los temores suscitados en la CARU se confirmaron a fines de 2003. El 9 de octubre de ese año, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay autorizó a la empresa española ENCE la construcción de la citada planta. Esta autorización configura la primera violación por el Uruguay del Estatuto del río homónimo”.

Y recordó que “apenas una semana después de producirse la autorización brindada por el Uruguay a la planta proyectada por la empresa ENCE, el 17 de octubre de 2003, la Argentina convocó a una sesión plenaria extraordinaria de la CARU. En esa sesión extraordinaria, la delegación argentina en la Comisión requirió expresamente que el Uruguay dé cumplimiento al mecanismo de información y consultas previas previsto en el Estatuto”.

“El silencio uruguayo a este reclamo condujo de hecho a la imposibilidad de poner en practica el citado mecanismo y la consecuente parálisis de la Comisión sobre esta cuestión, que directamente suspendió sus reuniones”, sentenció. Para explayarse en recordar el intercambio de notas diplomáticas que se produjo entre ambos países: “”El 27 de octubre, la Cancillería uruguaya remite una nota adjuntando información sobre la planta proyectada. De dicha nota se desprende claramente que el Uruguay tenía esta información por lo menos desde el 22 de julio de 2002, y que desechó las múltiples oportunidades que tuvo de seguir el mecanismo de información y consulta previas previsto en el Estatuto. Reaccionando ese mismo día, la Cancillería argentina toma nota de esta información, sin perjuicio de lo cual expresa que es importante destacar que la citada documentación parece resultar insuficiente para poder emitir opinión técnica fundada sobre las bondades ambientales del proyecto, y nada dice de los compromisos asumidos en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y en el Estatuto del río Uruguay."

“El gobierno argentino reitera con gran preocupación la omisión del cumplimiento de los preceptos indicados precedentemente y requiere la realización efectiva de la consulta, como paso previo para iniciar el proceso de construcción de la planta”, fustigó.

El testimonio de Taiana también reflejó que “en oportunidad de haberse planteado la preocupación sobre el tema al canciller Didier Operti, éste manifestó enfáticamente que no se tomaría resolución alguna hasta tanto la CARU se expidiera sobre el Informe de Impacto Ambiental, en ese momento a consideración de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA)”.

Más elementos

Otra prueba que presentó Argentina bajo la firma de la embajadora Susana Ruiz Cerruti es la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 226/03, donde la Argentina le reitera al Uruguay en “relación al otorgamiento de dicha autorización, llama la atención que se haya realizado sin haber efectuado ningún tipo de consulta previa con el gobierno argentino”.

Argentina también presenta notas oficiales de la CARU como prueba de que siempre convocó a activar los mecanismos previstos en el organismo. Así, se aportó a La Haya la nota con fecha 17 de junio de 2005 que firmó el entonces presidente de la delegación argentina ante la CARU, Roberto García Moritán y que elevó al embajador uruguayo en Buenos Aires, Francisco Bustillo.
Igualmente, da cuenta que en el marco del Grupo Técnico de Alto Nivel (GTAN), “la delegación del Uruguay se negó a considerar la propuesta argentina de que se suspenda la construcción de las plantas proyectadas a fin de poder determinar, de manera objetiva y fehaciente, el impacto acumulado transfronterizo de dichos emprendimientos sobre el ecosistema asociado al río Uruguay”.

Y objetó el lugar elegido por las plantas de celulosa, presentando la respuesta uruguaya ante esa observación: “El motivo por el cual la planta se instaló en determinado lugar es ajeno al grupo y que no es una de sus competencias, ya que además de ser una decisión incluso anterior al actual gobierno, ya es un hecho”. Y aportó el acta de la primera reunión del GTAN desarrollada en Montevideo el 3 de agosto de 2005.

Más significativa aún es la prueba aportada de la cuarta reunión del GTAN del 9 de septiembre de 2005, cuando “se recibió en la Cancillería argentina al representante de la Embajada de Finlandia y a técnicos finlandeses que describieron la situación de la industria del papel y la celulosa en Finlandia. Se indicó que de esta reunión se concluía que de haberse realizado un emprendimiento en una zona en la que Finlandia limitara con otro Estado, Botnia debería haber hecho un estudio de impacto ambiental transfronterizo y consultar a la sociedad civil de ambos lados de la frontera”.

 

Documento confidencial

Como prueba de la estrategia de erosionar toda posible solución, la cancillería argentina presentó el comunicado de Botnia con fecha 26 de marzo de 2006, donde la empresa anunció que iba a paralizar la construcción de 90 días para facilitar el diálogo entre las partes para hacer los análisis ambientales e incluso se comprometió a aportar toda la información que se iba a requerir. Pero el 4 de abril de 2006 la firma anunció que detendría la construcción, pero sólo por diez días.

Un documento del 3 de abril, considerado “confidencial” por ambas presidencias, dio cuenta de lo siguiente bajo el título inequívoco de: “Declaración Presidencial Conjunta sobre la preservación integral del Río Uruguay y su ecosistema (Declaración e Anchorena)”.

Allí, se sostuvo que “los Presidentes de la Republica Argentina y de la Republica Oriental del Uruguay, teniendo presente nuestro encuentro en Santiago de Chile, el 11 de marzo pasado y el favorable eco que nuestra exhortación ha tenido, conscientes de los estrechos vínculos que unen a nuestras respectivas naciones en los más diversos ámbitos, deseosos de superar el diferendo existente entre nuestros países, suscitado por la construcción de dos plantas industriales de producción de celulosa sobre la margen izquierda del río Uruguay, en las proximidades de la ciudad de Fray Bentos, comprometidos con la preservación integral del río Uruguay y su ecosistema, reafirmando los múltiples instrumentos bilaterales orientados a promover dicha preservación, en especial la Declaración argentino-uruguaya sobre el recurso agua de 1971 y el Estatuto del río Uruguay de 1975”.

El acta alertó a los directivos de Botnia porque declaró que: “El río Uruguay es un recurso compartido entre ambos países. El desarrollo económico de nuestros pueblos debe ser compatible con su preservación integral, así como la de su ecosistema (…) Con este espíritu, hemos decidido establecer un panel integrado por seis técnicos de reconocido prestigio nacional e internacional en materia de protección del medio ambiente, tres designados por cada país (…) Este panel deberá integrarse en un lapso no mayor a los cinco días a partir de la fecha. Asimismo deberá elevarnos su asesoramiento en un término no mayor de 45 días contados desde el momento de su integración”.

Como corolario, ambos jefes de Estado acordaron que una vez recepcionadas las conclusiones y recomendaciones del panel, se reunirían nuevamente en Mar del Plata, “a fin de elaborar las fórmulas que aseguren, en forma duradera, una preservación integral del río Uruguay y de su ecosistema, particularmente en beneficio de las comunidades de ambos países adyacentes al mismo”.

No obstante, 24 horas más tarde Botnia boicotea el acuerdo. El 5 de abril el entonces secretario de la Presidencia del Uruguay y actual canciller, Gonzalo Fernández, afirmó: “La Presidencia de la República lamenta que la empresa Botnia no haya entendido la realidad del conflicto entre Uruguay y Argentina”. Y explicó que “la solicitud de suspender la construcción fue en búsqueda del apoyo por parte de las plantas, pero la reacción de la empresa Botnia decepcionó al Estado”.

“El gobierno uruguayo decidió que no va a volver a pedirle nada más a estas empresas, salvo que recapaciten que cuando existen problemas internacionales de por medio hay que pensar mejor antes de tomar las decisiones”, finalizó.

Gentileza de: www.AnalisisDigital.com.ar


 


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